Los gobiernos del dolor
Marcos Roitman Rosenmann
La capacidad para adjetivar las políticas de recortes antisociales y
antidemocráticos no tiene límite. Tampoco el cinismo y la hipocresía con que
actúa la clase política gobernante. Mariano Rajoy, presidente del gobierno;
María Cospedal, pluriempleada, secretaria general del Partido Popular y
presidenta de la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha, y Alberto Ruiz
Gallardón, ministro de Justicia, se emplean a fondo. Hablan de dolor a la hora
de aplicar las políticas de ajuste presupuestario. Para ejemplarizar cuál es su
estado de ánimo, Gallardón ha puesto de moda una frase que está en boca de
muchos ministros y de Rajoy:
Gobernar consiste en repartir dolor. Pero en la repartición hay quienes lo infringen y administran y otros que lo reciben y padecen. En esta crisis las decisiones no afectan por igual a unos y otros. Torturador y torturado no son lo mismo. Pensar en el sufrimiento y el dolor ajeno para quienes se benefician del mismo no deja de ser un comportamiento rayano en la enfermedad patológica. Ellos sienten el dolor ajeno, aunque no hacen nada para remediarlo. Gracias a sus lumbreras, la vida cotidiana en España se llena de dolor. Veamos.
Los bancos de alimentos se han convertido en alternativa para miles de
familias en paro. Sin ingresos estables ni prestaciones sociales, ni tarjeta
sanitaria, con hijos en edad escolar, sin becas ni ayudas, acuden a ellos para
recibir una cuota de alimentos para sobrevivir. Pasta, leche, huevos, azúcar,
arroz, galletas y alguno que otro enlatado. También se aprovisionan de artículos
de limpieza y aseo personal. No pierden la dignidad y salen adelante. Asimismo,
las campañas navideñas de organizaciones no gubernamentales (ONG),
caracterizadas por ubicar sus objetivos solidarios en África, Asia o América
Latina, hoy demandan alimentos para bancos y comedores sociales en España. Sus
peticiones dejan al descubierto la desarticulación del estado de bienestar. La
brecha entre ricos y pobres se profundiza. España se torna dual. Las diferencias
sociales se hacen visibles. Imágenes de la posguerra civil, en los años 40, con
cartillas de racionamiento, hambre y pobreza vuelven a estar presentes. Se trata
de gente pidiendo en las calles, semáforos, el Metro, durmiendo entre cartones,
yendo de casa en casa solicitando algún producto para alimentar a la familia o
trabajo. Ya no son vagabundos o marginales. Son trabajadores desahuciados,
despedidos de su trabajos que viven en coches con su prole y no reciben
prestaciones. Vuelve la España dual, excluyente, caciquil y oligárquica.
La ilusión de una sociedad moderna se difumina. La Constitución es papel
mojado. Ni social ni democrática ni de derecho. Las pensiones se congelan, la
educación se torna confesional. Se impone la asignatura de religión católica en
los colegios públicos. La vivienda es un lujo al alcance de pocos. Pero los
bancos mantienen cerradas más de medio millón de viviendas. La justicia sigue el
mismo camino, los ciudadanos, por recurrir sentencias o acudir a los tribunales,
deberán pagar elevadas tasas. Se elimina el concepto de justicia redistributiva
y garantista. Sólo tendrán justicia quienes tengan dinero. El turno de oficio se
restringe. La sanidad se entrega a empresas cuyo fin consiste en obtener
ganancias. Ninguno de los beneficiarios de las privatizaciones de hospitales y
centros de salud pertenecen a la esfera sanitaria. Son empresas afincadas en la
construcción, coresponsables de la burbuja inmobiliaria. Ahora, en medio de la
crisis, trasladan su codicia a la sanidad. La salud, si se privatiza, se
convierte en un buen negocio para especuladores sin escrúpulos. Los beneficiaros
son conocidos. Dragados y Contratas, Sacyr, Acciona, Hispania o FCC. Pertenecen
a bancos como BBVA, BSCH y similares. Así administran dolor.
Mientras se pone a la venta el sistema sanitario, la justicia, la educación,
las compañías aéreas, las universidades, los aeropuertos e infraestructuras,
algo inédito comienza a extenderse por Europa. Familias noruegas, danesas y
suecas inician un plan de
apadrinarfamilias españolas en situación de exclusión. Son decenas los beneficiarios. Les pagan el alquiler de la vivienda y les mandan dinero para hacer frente a la educación de sus hijos.
En otras esferas el problema es similar. Los fondos para investigar se han
reducido 75 por ciento, con el consiguiente cierre de laboratorios y líneas de
investigación. Trabajos pioneros sobre sida, cáncer, genoma humano, etcétera, se
tiran a la basura. Se disuelven equipos interdisciplinarios y los profesionales
desilusionados, con sueldos de miseria, abandonan por impotencia. En los años 80
muchos de ellos, con carreras prometedoras en el extranjero, regresaron bajo el
compromiso de obtener contratos y una inversión amplia en I+D. Se sienten
engañados. La fuga de cerebros se generaliza en todas las disciplinas. Física,
química, ingeniería, medicina, ciencias ambientales, nuevas tecnologías,
etcétera. Muchos de ellos hacen maletas. La juventud, sin futuro, busca fuera
una opción de vida digna. No importa en qué ni cómo. Pero la ministra de Trabajo
lo interpreta como resultado
del espíritu de aventura y afán de conocimiento de una juventud llena de vida.
Los trabajadores han sido las víctimas propicias de esta política de repartir
dolor. Los empresarios acumulan, reciben beneficios, se dan la gran vida, pero
exigen austeridad y moderación salarial. El despido libre se generaliza. La
reforma laboral, desde su aplicación, ha visto aumentar las cifras de paro en
más de medio millón de personas. Suma y sigue. La criminalización de las
protestas da un salto cualitativo. La policía tiene orden de tomar datos a
manifestantes y pasarlos al Ministerio de Interior. De manera aleatoria se pide
la documentación y en una o dos semanas reciben una multa de entre 300 y 500
euros por disturbios o resistencia a la autoridad.
La avalancha de estudiantes, maestros, médicos, enfermeras, jueces, fiscales,
abogados, pensionistas, minusválidos, jornaleros, obreros, funcionarios,
bomberos, asociaciones de vecinos, amas de casa, consumidores y parados crece y
se extiende. Políticos mediocres, agazapados en un discurso ramplón, recurren al
argumento de la fuerza. Reprimen. La policía, local o nacional, toma las calles
de ciudades y pueblos. Intimidan, increpan, disparan balines de goma, bombas de
humo y a los detenidos los maltratan y torturan. Los grupos especiales
antidisturbios no llevan identificación a la vista, aspecto obligatorio. El
gobierno los protege, archiva las causas en caso de acusaciones o los indulta
directamente si son condenados por la justicia. Esa es la forma de
administrar dolor. En otras palabras: el que parte y reparte se lleva la mejor parte. Unos nacen para mandar y otros para obedecer. El señor sea con nosotros. Amén.
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